Inimputables... políticamente podrían mejorar socialmente
La falta de sentido común que interpreta el pequeño circulo de asesores de los más popularizados políticos que integran la oposición, sumado al “manijazo” de cierto sector de la comunicación masiva, ha puesto en la denominada opinión pública un tema que rosa lo demoníaco, al pretender encarcelar a niños y adolescentes por el solo hecho de que la generación que los crió no supo incluirlos en la dignidad debida.
Desde el punto de vista represivo, esta premura no dista ni un ápice del aprovechamiento de la contienda peronista de los setenta para hacer desaparecer a los jóvenes que pensaban un país algo parecido a lo actual, sin dependencias externas, pero fundamentalmente sin cipayos en la toma de decisiones.
Lo que para muchos “inducidores” de agendas de debate pareciera ser un tema corriente, quienes conscientemente defienden el futuro de una sociedad jamás estarán de acuerdo con siquiera pensar en encontrar a un niño entre rejas, fundamentalmente si la motivación de la restricción de la libertad se produce por desvíos en la mirada del estado y su complejo vericueto de incumplimientos de las normas básicas del derecho individual.
Así como se escuchan desafíos en las contiendas electorales, a cerca de debatir públicamente como serán los paquetes económicos, sobre los cuales el grueso de la sociedad interpreta muy poco hasta que la economista por excelencia regresa del almacén o el supermercado y da el veredicto, también los impulsores de tamaño desvarío debieran convocarse para nutrirse de tópicos mas racionales y humanistas.
Causa dolor visceral escuchar o leer el posicionamiento que detentan quienes han jurado “ante los santos evangelios”, en clara animosidad para con sus propios intereses, si de verdad la fe que dicen profesar es parte de sus convicciones.
Toda regla tiene su excepción que la confirma, y en aplicación de la cuestión demás estaría exponer los indicadores que aluden a lo insignificante de los porcentajes de hechos delictivos protagonizados por menores y si bien los casos divulgados son resonantes, obedecen a la lógica de la excepcionalidad, como son todas las rupturas de lo normal.
Así como la lluvia no es noticia en periodos de clima normal, tampoco es noticia el comportamiento de miles y millones de niños y adolescentes que viven contenidos en sus senos familiares y hasta en establecimientos de protección ideados por amor verdadero. Mas noticia es un hecho aberrante, cuando quienes se disponen a difundirlo no analizan ni cuestionan las motivaciones que llevan a los chicos a delinquir.
Hacia fines de los años 80, cumpliendo funciones en DIARIO NORTE, junto a Eduardo López nos conmovíamos por el supuesto crecimiento de la prostitución infanto-adolescente que inducían los partes policiales de la época, hasta que investigando responsablemente pudimos “descubrir” la verdad: las nenas no desaparecían de sus hogares para entregar sus cuerpos por dinero; huían de las parejas de sus madres que las acosaban vilmente, en muchos casos de círculos sociales supuestamente elevados. Y con un par de artículos se forzó la creación del fuero de minoridad y familia en la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, instituto que si bien no expresa todo lo bueno que puede resultar con funcionamiento pleno, al menos representa la barrera a los desvaríos de aquel momento, en el que se quería hacer creer que todas las adolescentes eran sinónimo de prostitución.
Un reciente articulo de TIEMPO ARGENTINO puntualiza que “si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos, tampoco debe olvidarse que, afortunadamente, la incidencia de los delitos cometidos por menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante. En la provincia de Buenos Aires (según “Adolescentes en el Sistema Penal” de Senaf, UNICEF, Universidad 3 de Febrero; páginas de la Corte y la Procuración de la Provincia), en 2009, se abrieron en juzgados de mayores 637.189 causas penales, mientras que las causas abiertas para investigar delitos cometidos por adolescentes fueron 28.939. Es decir que hubo un 4,5% de procesos abiertos a menores de 18 años. De ese último universo, la participación de chicos menores de 16 no supera, a su vez, el 15%. Con relación a la cantidad de adolescentes privados de libertad en todo el país por imputaciones o condenas penales, la cifra ronda regularmente los 1500 jóvenes de los que entre el 10 y el 15% tienen menos de 16 años”.
Asumiendo que los 1500 jóvenes, es decir la totalidad, han incurrido en errores graves de conducta como producto de la exclusión social, quienes avivan la llama de la represión bien podrían hacer el esfuerzo cristiano de adoptarlos y procurar con métodos más civilizados corregir tales errores. ¿Habrá conciencia y madurez para algo tan noble?.-
